La modificación de la Ley de Tasas resulta insuficiente.

Desde nuestra web, como procuradores colaboradores con el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, seguimos con mucha atención toda la información relacionada con la ya famosa “ley de tasas judiciales”.

El pasado 23 de febrero fue publicada en el BOE la modificación a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Los cambios se reducen sustancialmente a una rebaja en las cuantías de las mismas para las personas físicas. Así, la reducción más relevante se da en la tasa variable, que pasa del 0,5% sobre la cuantía del procedimiento, con un máximo de 10.000 euros, al 0,1% de esa cuantía y con el tope de 2.000 euros. Del mismo modo, en el ámbito contencioso-administrativo, se reduce la tasa a abonar al interponer recursos contra las resoluciones sancionadoras, no pudiendo exceder del 50% del importe de la sanción económica.

concentración bajo el lema "No a las tasas judiciales, justicia para todos".

Tras dicha modificación no se han hecho esperar las primeras valoraciones. Desde diversos colectivos jurídicos y políticos, se ha llegado a la misma conclusión: los cambios resultan insuficientes, la nueva ley sigue sin dar garantías de una tutela judicial efectiva para el justiciable. Así, desde la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía se tacha como una modificación “absolutamente insuficiente” y se sigue adelante con la interposición de un Recurso de Inconstitucionalidad.

Similar valoración se desprende del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo presidente Carlos Carnicer, en una reunión con el Ministro de Justicia, Ruíz Gallardón, expreso su descontento con la modificación de la ley y la necesidad de que las tasas vigentes sean nuevamente revisadas o sustituidas.

Veremos si el Gobierno estudia una nueva modificación o si tendremos que esperar a que el Tribunal Constitucional dictamine el futuro de las tasas. Como procuradores abogamos por una solución equitativa, con primacía del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.

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