El proyecto de ley de tasas judiciales

Está en fase parlamentaria un proyecto de ley del que ya he hablado en otros foros y que, sinceramente, me quita el sueño. No obstante hay algo que me preocupa aún mas: que el común de los ciudadanos, a quien les afecta ésta medida, que no es sino uno de los recortes más importantes de la historia de los derechos sociales, no solo en democracia, si no desde que existen derechos sociales en España, no haga/diga nada de nada.

Las cosas claras: Esta ley de tasas judiciales va a privar a millones de españoles de la posibilidad real y efectiva de la tutela judicial real y efectiva que ampara y recoge nuestra constitución en su art. 24.1

El sistema de tasas proyectado afectará a todos los órdenes judiciales salvo al penal (faltaría más) y se basa en un híbrido de ‘cuota fija’ (en algunos procedimientos, 300 €) más porcentaje de la cuantía procesal (0,5 %). Así, para procedimientos de cuantías cuantiosas, como por ejemplo inmuebles, nos podríamos enfrentar a tasas por encima de los 1000 euros. Este sistema hace especial daño a los conflictos relativos a cantidades pequeñas, como por ejemplo en el ámbito del consumo o por ejemplo en el campo de las multas. ¿Quién va a iniciar un contencioso administrativo si le cuesta más la tasa (sin contar el abogado y el procurador en su caso) que la multa en si. Y lo que es peor, ¿quién va a pleitear contra las grandes compañías por sus pequeños aunque numerosísimos abusos ?. Aquí el pequeño consumidor tiene todas las de perder. Pues, además, las grandes compañías pueden declarar las tasas como gastos judiciales y desgravarlas.

Es además significativo de lo irracional y arbitrario de este impuesto, el supuesto que se planteará por el cual, si  el mal funcionamiento de la Administración causa un perjuicio a un ciudadano, éste, para poder reclamar, habrá de tener fondos suficientes para poder hacerlo.  Me pongo en el lugar de alguien que quede con una minusvalía por obra y gracia, por ejemplo,  de la administración sanitaria… da miedo pensarlo, o tienes 5000 o 6000 euros en efectivo para iniciar el pleito, o te vas a quedar totalmente desamparado. 

Este proyecto ha venido como agua de mayo para las compañías aseguradoras. ¿Que te tengo que indemnizar con 2 millones de euros?.  Evalúo tu situación económica y si veo que no dispones de liquidez como para reunir solo en concepto de tasas 10.000 € (aparte abogados y procuradores),  te plantéo un acuerdo por 600.000 €.  Sin comentarios.

Pero ¿a quienes va a afectar esta medida si sale adelante?. A todos los que estén por encima del umbral de la justicia gratuita (doble del salario interprofesional, ahora Iprem). Según el proyecto todos los que ganen anualmente más de 12.780 € habrán de abonar la tasa judicial para poder defender sus derechos judicialmente. Increíble pero cierto. Pagar por un servicio que ya pagan vía impuestos. Es más y he aquí la paradoja: los que no  pagan impuestos y son una carga para la sociedad, tienen justicia gratuita. pero los que pagan la Justicia, la suya, y la de los más desfavorecidos, puede que se queden sin poder acceder a la Justicia por falta de liquidez en un momento dado.

El Tribunal Constitucional ya ha advertido y en el mismo sentido el Presidente del CGPJ, que toda tasa que impida, por excesiva, el acceso a la tutela judicial efectiva, será inconstitucional, pero claro, el término excesivo es demasiado genérico… ¿quien lo delimitará ?.

Esto es como el copago farmacéutico pero mucho más desconocido por la común ciudadanía. Creo que es labor de los profesionales del Derecho, abrir los ojos a la sociedad, de la que se nos avecina si este proyecto se aprueba definitivamente tal y como está. Entiendo que se debe realizar cambios en el sistema judicial español. A mi juicio habría que ser más exigente con la concesión de la justicia gratuita, pues somos muchos profesionales del Dº los que somos conscientes de que es un auténtico colador. ¿Quien controla la venida a mejor fortuna dentro de los tres años siguientes a la concesión del beneficio de Justicia gratuita? (bueno, en realidad de gratuita, nada de nada: subvencionada por los Procuradores de los Tribunales, que somos a quienes nos cuesta el dinero el Turno de Oficio.)

Habría que poner tasas, estoy de acuerdo, pero jamás proporcionales al importe del objeto del litigio. Las tasas han de ser asumibles para cualquier economía. 60 -90 euros son asumibles. 10.000 € puede que en muchos casos no lo sean.

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