Agilización de los pagos del Turno de Oficio.

Entre las medidas para la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que está ultimando el Gobierno, se encuentra la agilización de los pagos del los profesionales involucrados en la misma (sobre todo Abogados y Procuradores a través de los Turnos de Oficio).

El problema, de retrasos sistémicos en los abonos (a todas luces insuficientes) que ya se venía arrastrando desde hace más de 10 años,  se ha vuelto insostenible en los últimos dos años, debido a la mala administración de los dineros públicos que han hecho todas las Comunidades Autonómicas y que ha provocado situaciones de quiebra técnica.

No podemos olvidar que, muy a nuestro pesar,  la competencia para la gestión de la Justicia Gratuita la tienen las CC.AA. y es aquí donde está el verdadero problema con el que se enfrenta el Ministerio de Justicia, ¿como hacer que se pague a Abogados y Procuradores si  quienes tienen que pagarles (con el dinero que les cede el Estado) están en bancarrota?.

Por ello, se ha incluido una propuesta que soluciona este problema, contemplando la posibilidad de que sea el Ministerio de Justicia quien pague, con cargo a parte de lo recaudado por las tasas, a las CCAA, pero estos fondos no serían desviables. El sistema consistiría en que los Colegios de Abogados emitirían sus recibos a las CCAA, que a su vez librarían las certificaciones al Ministerio de Justicia y éste las pagaría a la administración autonómica, que a su vez, realizaría el pago a los Colegios. Finalmente los respectivos Colegios abonarían a sus colegiados los servicios prestados. Eso si, todo fiscalizado y controlado por la Intervención General del Estado para evitar desvíos de ningún tipo y asegurar la celeridad en los trámites.

Al provenir los fondos directamente del Ministerio de Justicia, las CC.AA. no tienen excusa para no tramitarlo con celeridad, aunque muchos, entre los que me incluyo, hubiese preferido saltarnos a las CC.AA y que fuesen los Colegios los que interoperasen directamente con el Ministerio de Justicia.

Este sistema trata de hacer encaje de bolillos para no quitarle la competencia a la Comunidades Autónomas y devolvérsela al Estado. Y yo me pregunto… si hace mucho que el actual sistema  no funciona, si la puntualidad en los pagos brilla por su ausencia en las CC.AA, y sobre todo, si ningún profesional de la Justicia se va a quejar, ¿porqué no recupera el Estado esta competencia en aras del bien común?.